El principio preferente de acogimiento en la familia más próxima o extensa ya se encuentra recogido en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996.
Portavoz de la Comisión Constitucional desde el 04/12/2023
El principio preferente de acogimiento en la familia más próxima o extensa ya se encuentra recogido en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996.
El Convenio de Estambul, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud describen la violencia contra las mujeres como violencia de género basada en el hecho de ser mujer.
La tutela en favor de la Administración por ministerio de la ley es supletoria, transitoria, no total y no inscribible en el Registro Civil.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aceptó que la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos fuera necesaria para proteger la dignidad humana.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó la prohibición francesa del velo integral por respeto a la necesidad mínima de la vida en sociedad (vivre ensemble).
El artículo 150.2 de la Constitución española no habla de materias, sino de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aceptó que el velo integral afectase a la igualdad de género.
No todos los países de la Unión Europea tienen regulación sobre prendas que cubren totalmente el rostro.
El uso del artículo 150.2 de la Constitución tiene precedentes dispuestos tanto por Gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aceptó que la prohibición de cubrir el rostro fuera necesaria en una sociedad democrática en aras de la seguridad pública.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó el 1 de julio de 2014 la sentencia del caso S.A.S contra Francia, que enjuiciaba una ley francesa que prohibía ocultar el rostro en las calles, transportes y lugares de acceso público.
El Grupo Vasco (EAJ-PNV) votó favorablemente la toma en consideración de una iniciativa similar sobre delegación de competencias en septiembre de 2025, que finalmente no contó con el apoyo de la Cámara.
La indemnización por fallecimiento se duplica aproximadamente respecto a la cuantía original de la Ley 52/2007.
Germán Rodríguez murió el 8 de julio de 1978 durante los sanfermines por un disparo de la Policía Armada.
La Ley sobre Secretos Oficiales sigue vigente desde el periodo del franquismo (Ley 9/1968).
La Ley 52/2007 de Memoria Histórica excluyó del reconocimiento a víctimas producidas en el año 1978.
Joseba Barandiaran murió días después del 8 de julio de 1978 por actuación policial en San Sebastián (Donostia).
Se produjo una masacre policial el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
Efrén Torres murió el 24 de enero de 1978 en un control policial en Buya, Vizcaya.
El Grupo Parlamentario Vasco padeció en 2024 un rechazo similar al actual con ocasión de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, consistente en la inadmisión de enmiendas presentadas.
En 2011, con ocasión de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, enmiendas similares a las presentadas no fueron inadmitidas por la Cámara (fueron admitidas a trámite).
El decreto ley adapta el procedimiento del Decreto 1803/2008 a la estructura administrativa actual.
El artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados exige para las iniciativas de reforma constitucional la firma de dos grupos parlamentarios o de un quinto de los miembros de la Cámara.
La Mesa del Congreso de los Diputados inadmitió las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco con el voto favorable del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
El Gobierno ha desclasificado recientemente la documentación clasificada relativa al golpe de Estado del 23F.
Las armas blancas reglamentarias permitidas fuera del domicilio son aquellas con hoja de menos de 11 centímetros, un solo filo y no automáticas
A 31 de marzo de 2025 Euskadi acogía a 859 menores no acompañados, cuando según el criterio de 32,6 menores por 100 000 habitantes le correspondían 731, teniendo 128 menores más que su capacidad ordinaria
En España se producen anualmente cerca de 40.000 divorcios o separaciones de parejas con menores, afectando a unos 300.000 menores.