La concesión de la autopista del Atlántico (AP-9), que debía extinguirse en 2012, se prorrogó hasta 2048 por decisión de Aznar, que amplió el período concesional en 25 años.
Retribuciones públicas oficiales · fuente oficial
Portavoz de la Comisión de Industria y Turismo desde el 07/03/2024
La concesión de la autopista del Atlántico (AP-9), que debía extinguirse en 2012, se prorrogó hasta 2048 por decisión de Aznar, que amplió el período concesional en 25 años.
En 2025 el Estado entregó 85 millones de euros a la concesionaria de la AP-9 para bonificar los peajes.
El valor de mercado de Audasa, concesionaria de la AP-9, ronda los 1.000 millones de euros; el Estado pagará en bonificaciones casi cuatro veces más de lo que costaría comprarla hoy.
El Ministerio de Transportes tiene el compromiso de aportar 3.800 millones de euros en bonificaciones a la concesionaria de la AP-9 hasta el año 2048.
Audasa destina el 100% de sus beneficios a pagar dividendos a sus accionistas, fondos de inversión domiciliados en los Países Bajos y Luxemburgo.
Ir y volver de Ferrol a Tui por la autopista del Atlántico (AP-9) cuesta 56 euros, de los que el usuario paga 28 y el Estado subvenciona los otros 28.
La autopista del Atlántico (AP-9) fue pública hasta que Aznar la privatizó en 2003, tres años después de ampliar el período concesional en 25 años.
La condonación de la deuda pública de Galicia asciende a 4.000 millones de euros.
El Estado tiene comprometidos 3.400 millones de euros en bonificaciones de peajes para la AP-9 hasta 2048.
Todas las autopistas de primera generación finalizan su periodo de concesión antes de que termine el año 2026.
El Gobierno de Aznar decidió prolongar la concesión de la AP-9 en 25 años, hasta 2048.
El 17 de agosto de 1973, el dictador Franco firmó en el Pazo de Meirás el decreto que otorgó a Audasa un periodo de concesión de 39 años, es decir, hasta 2012.
El Parlamento de Galicia ha votado por unanimidad la transferencia de la titularidad y las competencias sobre la autopista del Atlántico en cinco ocasiones.
Desde 2009, con Feijóo y Rueda, la Xunta de Galicia solo ha asumido una nueva competencia en 17 años de gobierno.
El PIB por habitante de Galicia representa el 90% de la media estatal.
La dispersión poblacional y el envejecimiento encarecen hasta un 10% el coste de los servicios públicos en Galicia.
La Xunta de Galicia dispone de un 46% más de recursos en 2025 que en 2018, pasando de 7000 millones a 10 200 millones de euros.
La pensión media de jubilación de los autónomos es de 1000 euros al mes frente a 1670 euros de los asalariados, una diferencia de 10.000 euros anuales.
Hay 3.422.434 personas cotizando al RETA, la cifra más alta de la historia de España.
Hay 200.000 cotizantes más al RETA en la actualidad que en 2018.
Más de 1,5 millones de autónomos (uno de cada dos) recibieron la prestación por cese de actividad durante la pandemia.
Uno de cada cuatro marineros que trabaja en la pesca extractiva en Galicia es extranjero (25%).
El sector pesquero gallego genera más de 21.000 empleos directos en 1.300 empresas con facturación superior a 12.000 millones de euros anuales.
Existen 11.000 personas trabajando en los barcos de pesca de Galicia sin convenio sectorial que regule sus condiciones laborales.
El sector pesquero gallego comprende 1.300 empresas que facturan más de 12.000 millones de euros anuales.