En 2024, en la Comunidad de Madrid se practicó el 0,4 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

En 2024, casi el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizaron en clínicas privadas.

En 2024, en Cataluña se practicó el 55 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

El Tribunal Constitucional reconoció la dimensión de libertad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Sentencia 44/2023.

En 2024, en once comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en sanidad pública no llegó al 10 %.

En 2024, en las comunidades autónomas de Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, el 75 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en la sanidad pública.

Aproximadamente el 44 % de las mujeres españolas que viajaron a Bruselas para abortar en 2024 proceden de una misma comunidad autónoma.

En 2024, en Andalucía se practicó el 0,2 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

La Junta de Castilla y León mantiene bloqueada desde hace años una ley contra la violencia de género debido a su gobierno en coalición con la extrema derecha.

El salario mínimo interprofesional era de 700 euros mensuales hace ocho años y hoy es de 1221 euros.

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) se revalorizaron las pensiones un 0,25%.

La brecha salarial de género era del 22,5% hace ocho años y hoy está en el 15,7%, el mínimo histórico.

España ocupaba el noveno puesto en el Índice Europeo de Igualdad hace ocho años y hoy ocupa el cuarto lugar.

Las mujeres en puestos de representación del IBEX 35 representaban el 30% hace ocho años y hoy superan el 40%.

El Ministerio de Igualdad ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la ampliación de las órdenes de alejamiento.

El Partido Popular firmó un pacto de Estado contra la violencia de género hace un año.

La derecha ha recurrido todas y cada una de las leyes del aborto por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

La derecha ha votado tradicionalmente en contra de todas las leyes del aborto aprobadas en España

El Gobierno ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2025.

En Castilla y León, tras gobernar en coalición con VOX, las leyes contra la violencia de género de la comunidad autónoma no han sido aprobadas y permanecen tramitándose

El Partido Popular está recibiendo 180 millones de euros de los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género mientras firma pactos de gobierno con VOX