Ángel Víctor Torres Pérez

Las comunidades autónomas con deuda inferior al 12,4% del PIB a cierre de 2025 podrán destinar sus superávits a inversiones.

Ocho comunidades autónomas (Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia) podrán movilizar más de 4.000 millones de euros de superávit para inversión.

En un dispositivo se desplazó a 1700 personas y no hubo ningún herido de consideración entre los inmigrantes ni entre los agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

El 26% de las personas que acuden a los triajes no solicitan protección internacional y se les comunica que serán expulsadas y devueltas.

El actual modelo de financiación autonómica lleva caducado doce años, y hacía diecisiete años que no se aprobaba uno nuevo.

En Ceuta hay más de 4000 militares, 7500 patrullas móviles y más de 1600 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil; la tasa de agentes por cada mil habitantes es cuatro veces superior a la media española.

En Ceuta hay 24 camas ocupadas por inmigrantes de las 212 existentes, por lo que no existe colapso sanitario.

El 90% de los escolares de Ceuta pueden acudir a clase.

En 2021 fueron condenados dos responsables públicos por la devolución de decenas de menores en expedientes globales, con el beneplácito del Gobierno de Marruecos.

Hay 6000 plazas disponibles para filiar a las personas mayores de edad y poder proceder a su devolución.

Las comunidades autónomas recibirán 186.000 millones de euros del sistema de financiación en 2027, un 80% más que en 2018.

La Agenda Canaria establece una reducción del 60% del IRPF para los residentes en la isla de La Palma aplicable en los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Las comunidades autónomas recibieron 30.000 millones de euros de fondos COVID sin obligación de devolución.

En las 48 horas siguientes a la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, el 80% de las personas que entraron retornaron a Marruecos.

El Gobierno ha aprobado reales decretos leyes que destinan 88 millones de euros a Ceuta (25 más 63 millones) para atender a los menores.

7000 personas han retornado voluntariamente a Marruecos; hoy 166 y ayer 222.

El Consejo de Ministros generó un crédito de más de 33 millones de euros para los convenios vigentes con el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos afectados por el volcán.

El Gobierno de España y la ciudad de Ceuta han destinado 88 millones de euros a abrir recursos de acogida de menores.

Miles de menores llegaron a Canarias, Ceuta y Melilla entre 2024 y el 30 de julio de 2026, sin que aumentara la llegada de menores a esos territorios en ese período.

En Ceuta hay unos 2000 menores que tendrán que decidir si se quedan en la ciudad o van al resto de España si no pueden ser reagrupados.

El Gobierno de España ha aprobado 50 millones de euros en avales de hasta el 80% para pequeños empresarios y autónomos.

El 90% de los escolares de Ceuta están yendo a clase, según los datos que trasladan diariamente los directores de los centros escolares.

Los decretos económicos para Ceuta movilizan 309 millones de euros y más de 1130 personas, pymes y autónomos han solicitado ayudas.

En Ceuta se han incoado cerca de 2600 expedientes de devolución (un 40% más), se ha expulsado a 318 personas (más de 7000 en total) y hay 1309 expedientes en una semana.

La quita de deuda propuesta por el Gobierno para las comunidades autónomas asciende a más de 83.000 millones de euros, lo que permitiría ahorrar 6.000 millones en intereses.

El Estado asumió 4.000 millones de euros de liquidaciones negativas que correspondían a las comunidades autónomas.

Las transferencias a comunidades autónomas vía conferencias sectoriales entre 2019 y 2025 duplican las del período de gobierno anterior.

Unos 100 policías nacionales están realizando triajes en Ceuta y 7000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos.

El 75% de los menores inmigrantes acudió el primer día de clase en Ceuta.

Se han destinado 308 millones de euros en ayudas económicas que empezarán a pagarse a partir del 6 de octubre.

El Real Decreto Ley 23/2026 habilita que 100 millones de euros del superávit del Gobierno de Canarias de 2025 se destinen al sector primario de La Palma.

El Gobierno destina 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas para reducir las diferencias en financiación per cápita.

Quedan unas 3000 personas en las calles de Ceuta, mientras la ciudad autónoma tiene que dar cobijo a los menores.

El salario mínimo interprofesional en 2026 es de 1.200 euros al mes, mientras que en 2018 era de 735 euros al mes.

La inversión en formación profesional ha sido de 1.200 millones de euros durante el actual Gobierno, frente a los 187 millones invertidos cuando gobernaba el PP.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado 51 traspasos de competencias a las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno del PP realizó 16.

El número de personas desempleadas en España era de 3,2 millones en 2018 y ha bajado a 2,3 millones en 2026, a pesar del aumento de población.

El Gobierno ha destinado 9.500 millones de euros a ayudas para la dana.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 64 iniciativas legislativas, incluyendo dos reformas de la Constitución, en los tres primeros años de la legislatura actual, frente a las 50 aprobadas en los casi ocho años del Gobierno de Mariano Rajoy.

El número de recursos ante el Tribunal Constitucional fue de 238 durante los gobiernos del Partido Popular y de 110 durante el Gobierno del PSOE, lo que supone una reducción del 54 %.

En junio de 2026, el número de afiliados a la Seguridad Social es de 22,5 millones, mientras que en 2018, bajo el Gobierno del PP, era inferior a 19 millones.

La tasa de paro juvenil en 2026 es 10 puntos porcentuales inferior a la de 2018, último año del Gobierno de Mariano Rajoy.

La sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2020 condenó a 29 personas por delitos como cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda pública, y declaró al Partido Popular partícipe a título lucrativo.

Para que un municipio pase a formar parte de una comunidad autónoma es preciso que salga de otra (deje de pertenecer a la comunidad autónoma de origen).

La cuestión de los municipios enclavados entronca con el Estatuto de Guernica (Estatuto de Autonomía del País Vasco) y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha realizado 51 traspasos de competencias durante el Gobierno de Pedro Sánchez y 16 durante el Gobierno de Mariano Rajoy

El periodo histórico de hechos generadores de indemnización se amplía hasta el 29 de diciembre de 1978.

La indemnización para casos de gran incapacidad se fija en 500.000 euros, frente a los 135.000 euros anteriores.

La cuantía de indemnización en caso de muerte se establece en 250.000 euros.

De cada cuatro solicitudes de indemnización presentadas bajo la regulación de la Ley 52/2007, una tuvo resolución favorable.

La comisión de valoración del Real Decreto Ley 6/2026 ha aceptado quince de las dieciocho primeras solicitudes evaluadas, referidas a doce causantes.

La indemnización para casos de incapacidad permanente absoluta se actualiza a 180.000 euros, frente a los 80.000 euros establecidos anteriormente.

La Ley 52/2007 limitó el derecho a indemnización al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de enero de 1977.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 extiende el reconocimiento de víctimas hasta 1978, mientras que la Ley de Memoria Histórica de 2007 llegaba hasta 1977

El Gobierno de España ha realizado más de 2.000 reconocimientos a personas y familias víctimas de la represión franquista.

El expresidente de la Diputación de Almería se lucró con la corrupción en la venta de mascarillas según la UCO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para ampliar el reconocimiento de víctimas hasta 1978

El grupo parlamentario al que se dirige el ministro no rechazó las modificaciones ni la Ley de Memoria Democrática de 2022

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha recibido cuatro peticiones que cumplen los requisitos establecidos

VOX votó en contra de todas las prórrogas de la pandemia durante la crisis de COVID-19