Los Autos 126/2017 y 127/2017 del Tribunal Constitucional impusieron multas coercitivas de hasta 12.000 euros diarios a personas físicas y compelieron a cargos públicos a la renuncia de sus puestos.

La Ley Orgánica 15/2015 fue aprobada días antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2015.

La manifestación del 10 de diciembre de 2010 en Barcelona contra la sentencia del TC 31/2010 reunió a más de un millón de personas.