En Cataluña, 2.568 solicitudes del fondo de compensación estatal han sido aceptadas, de las cuales el 68% corresponden a empresas jurídicas y no a personas físicas.
Portavoz de la Comisión de Hacienda y Función Pública desde el 04/12/2023
Las horas extras no pagadas suponen un coste de 3.254 millones de euros al año
Según los criterios del INE, quien gana más de 1.343 euros al mes es clase media y más de 3.583 euros es clase alta
La presión fiscal en España es del 38,4% del PIB, inferior a la media de la UE del 41,60%
Aproximadamente un tercio de la rebaja fiscal ha sido reabsorbida por las petroleras y no ha llegado a los consumidores, según datos de la CNMC.
La Diputación Foral de Vizcaya va a perder más de 125 millones de euros en este trimestre por la rebaja de impuestos.
Las bonificaciones del bono social eléctrico y térmico en algunos casos superan el 57 % y nunca están por debajo del 43 %.
La Diputación Foral de Guipúzcoa ha calculado que va a perder del orden de 71 millones de euros por la rebaja de impuestos.
La proposición de ley del Grupo Popular propone reducir el umbral de vulnerabilidad para personas con discapacidad superior al 33%, enfermedad crónica incurable o alta dependencia de 5 a 3 veces el IPREM (1.800 euros).
La proposición de ley del Grupo Popular propone reducir el umbral de vulnerabilidad a 1,5 veces el IPREM (901 euros de ingreso familiar), en lugar de las 3 veces actuales.
Para personas con discapacidad superior al 33%, enfermedad crónica incurable o situación de alta dependencia, la normativa vigente establece el umbral de vulnerabilidad en cinco veces el IPREM (3.000 euros).
La proposición de ley presentada por el Grupo Popular consta de dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
La normativa vigente establece que quien no supere tres veces el IPREM (1.800 euros) se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se encuentra actualmente en 600 euros mensuales.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de personas desahuciadas es muy superior al número de casos de denuncia por okupación (allanamiento de morada, usurpación o deuda por morosidad).
El grupo Junts per Catalunya votó en contra del impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
El grupo Junts per Catalunya votó en contra del impuesto a las grandes fortunas.
El grupo Junts per Catalunya votó en contra de la introducción de un impuesto a la banca.
El Estado español tiene una presión fiscal del 37,1 % del PIB, mientras que Dinamarca tiene un 45,7 %, Suecia un 42,3 %, Noruega un 41,6 % y Finlandia un 43 %.
La tasa de temporalidad en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra es del 42%.
En los últimos 45 años se han destinado más de 166.000 millones de euros en fiscalidad para mantener el modelo de vivienda actual.
El 61 % de los propietarios que alquilan viviendas poseen dos o más inmuebles en alquiler, mientras que el 39 % posee una sola vivienda en alquiler (casero corriente).
El 20,8 % de la población española reside en viviendas de alquiler, mientras que el 4,9 % de la población percibe ingresos por alquiler.
Más de 70.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca están en riesgo de quedarse en la calle por arreones de precios en la renovación de contratos de alquiler.
La rentabilidad del mercado inmobiliario actual es de aproximadamente el 16%, equivalente a la de la burbuja de 2008.
Las personas sin hogar en Vitoria han crecido un 100% en cinco meses
Entre el 40% y el 90% de las viviendas ofertadas en grandes plataformas digitales son irregulares o ilegales
La edad media de los compradores de vivienda en España era de 40 años en 2007 y de 47 años en 2025, según el Consejo General del Notariado.
El porcentaje de compradores de vivienda entre 18 y 30 años era del 22,53% en 2007 y es del 9,55% en 2025, según el Consejo General del Notariado.
312 diputados votaron afirmativamente el paquete de medidas del escudo social en enero de 2025.
En 2011 se ejecutaron 58.241 desahucios por acción directa de los bancos en España.
En 2011 se produjeron 3.000 denuncias por okupaciones, de las cuales el 93% (2.790) correspondían a usurpación de viviendas vacías y el 7% (210) a allanamiento de morada de vivienda residencial.
En el País Vasco y Navarra existen 212.800 trabajadores autónomos.