Arcadi España García

Elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB exigiría 350.000 millones de euros adicionales.

La temporalidad en el empleo está en mínimos.

La tasa de desempleo en España está por debajo del 10 %

El poder adquisitivo de 9,5 millones de pensionistas ha sido blindado mediante la revalorización de las pensiones conforme al IPC

El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un plan de vivienda de 7000 millones de euros

La tasa de temporalidad en España se encuentra en mínimos históricos

El Gobierno actual ha transferido a las comunidades autónomas 300 000 millones de euros más que el anterior Gobierno para el Estado del bienestar

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España supone una inversión de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a las políticas de seguridad y defensa.

Los afiliados con contrato indefinido a la Seguridad Social superan ya los 15,34 millones.

La afiliación a la Seguridad Social alcanza una cifra histórica por encima de los 22 millones de afiliados.

El déficit público se ha reducido a su tasa más baja en dieciocho años.

España destina el 2,1 % del PIB de su presupuesto a seguridad y defensa.

El salario mínimo interprofesional ha subido un 66 %

La Generalitat Valenciana ha solicitado 1300 millones de euros para el año 2026 del mecanismo extraordinario de financiación para afrontar gastos derivados de la dana.

Casi el 80% de los 9226 millones de euros de impacto de las medidas por la dana han sido asumidos por la Administración central.

El impacto de las medidas y recursos del Gobierno con motivo de la dana entre 2024 y 2025 alcanza los 9226 millones de euros.

Según datos de la OCDE desde el año 2022, la renta real disponible de los hogares en España ha crecido un 8,3 %, más del doble que en Francia y tres veces más que en Italia.

El protocolo entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Religiosos para el establecimiento de un sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica fue firmado el 30 de marzo de 2026.

La Encuesta de Población Activa del INE registró 19,3 millones de ocupados en 2018, mientras que en el primer trimestre de 2026 había 22,3 millones de ocupados.

Según la Intervención General de la Administración del Estado, el déficit público fue del 2,5 % en 2018 y del 2,2 % en 2025.

Según Eurostat, en los últimos tres años el crecimiento promedio de la economía española ha sido del 3 %, mientras que el crecimiento promedio de la zona euro es del 1,2 %.

El Real Decreto Ley 7/2026 estableció una ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible

El 95% del transporte interior de mercancías en España se realiza por carretera

Existen casi cien mil empresas de transporte por carretera en España

La deuda pública ha caído 23 puntos porcentuales desde el máximo alcanzado durante la pandemia.

La propuesta del nuevo modelo de financiación supone 4 800 millones de euros adicionales para Andalucía.

El déficit público es el menor en dieciocho años.

El proyecto de ley de condonación de la deuda supone 18 700 millones de euros adicionales.

La predecesora María Jesús Montero transfirió 53 000 millones de euros más a Andalucía.

La deuda pública española se ha reducido en 23,6 puntos porcentuales del PIB.

El número de hogares en España que llegan con dificultad a final de mes es el nivel más bajo en veinte años.

España crece el doble que la media europea.

España tiene el menor déficit público en dieciocho años.

El salario mínimo interprofesional no tributa en el IRPF.

La tasa de temporalidad en España está en los niveles más bajos desde la reforma laboral.

El ingreso mínimo vital ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

El poder adquisitivo de las pensiones se ha mantenido a pesar del crecimiento de la inflación en los últimos años.

Los salarios reales en España han crecido por encima de la inflación.

La desigualdad en España, medida por el índice de Gini, se ha reducido.

La tasa de paro en España es la más baja en dieciocho años.

Alemania tiene 3,6 puntos más de presión fiscal que España.

Un trasplante cuesta 90.000 euros en España.

Una noche en la UCI cuesta aproximadamente 3700 euros.

Alemania, Italia, Austria, Portugal y España han solicitado formalmente a la Comisión Europea la posibilidad de implantar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos.

El proyecto de ley de condonación de la deuda acumulada durante la crisis financiera contempla 83.000 millones de euros en total, de los cuales 12.000 millones corresponden a la Comunidad Valenciana.

La condonación de deuda acumulada durante la crisis financiera incluye 12.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana.

El real decreto ley respaldado por los grupos parlamentarios protege a veinte millones de hogares y a tres millones de empresas.

España fue pionera en la Unión Europea en la aplicación nacional de un gravamen temporal a las energéticas con ingresos superiores a los 1000 millones de euros en cada ejercicio para 2023 y 2024.

El periódico El Mundo publicó en diciembre de 2011 que el Gobierno del Partido Popular vulneraba su promesa electoral con fuertes subidas del IRPF, del IBI y del impuesto sobre el ahorro para recaudar 6275 millones de euros adicionales.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han recibido 300 000 millones de euros adicionales en ingresos comparando el mismo periodo con el periodo anterior de su Gobierno.

El nuevo modelo de financiación autonómica aporta 3.669 millones de euros a la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Generalidad Valenciana solicitó al presidente del Gobierno de España 1.782 millones de euros.

La financiación ofrecida por el Gobierno a la Comunidad Valenciana (3.669 millones de euros) es más del doble de la cantidad solicitada por el presidente de la Generalitat (1.782 millones de euros).

El nivel de presión fiscal de España en porcentaje del PIB se sitúa 3,5 puntos por debajo de la media de la zona euro.

El Gobierno del Partido Popular sometió a los contribuyentes a la mayor subida de tipos del IRPF de la historia.

El nuevo modelo de financiación autonómica aporta 21.000 millones de euros al conjunto de comunidades autónomas.

El conjunto de rebajas fiscales implementadas suponen un ahorro de 50 000 millones de euros.

El Gobierno ha aportado 300.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas respecto al mismo periodo del anterior Gobierno, de los cuales 30.000 millones corresponden a la Comunidad Valenciana.

Francia tiene 8 puntos más de presión fiscal que España.