La Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre si la prórroga de la concesión de la AP-9 vulneró las normas europeas de contratación pública.
Justicia y corrupciónUnión Europea
- Omisiones
- El término 'investigación' es coloquial; el mecanismo formal es un procedimiento de infracción de la UE (regulado por el art. 258 TFUE), no una investigación en sentido técnico-jurídico.
- La Comisión ya ha determinado —no solo investiga— que la prórroga fue ilegal, al haber emitido un dictamen motivado en julio de 2025, segunda fase del procedimiento de infracción, donde ya concluye que España incumplió las normas de contratación pública.
- El procedimiento se encuentra en una fase avanzada: tras la carta de emplazamiento (abril 2024) y el dictamen motivado (julio 2025), el siguiente paso sería la remisión al Tribunal de Justicia de la UE si España no corrige la situación.
- La fuente primaria más directa (Representación de la CE en España) data de julio de 2025; el estado exacto en junio de 2026 se infiere de fuentes secundarias que indican que el procedimiento seguía abierto.
- Fuentes
- PrimariaRepresentación de la Comisión Europea en EspañaLa Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento a España; entre ellos, el relativo a las prórrogas de las concesiones de autopistas (AP-9 y AP-66) por posible vulneración de las normas de contratación pública de la UE.
- SecundariaGaliciaPressLa Comisión Europea lanzó un ultimátum al Gobierno español por las irregularidades detectadas en la prórroga de las concesiones de los peajes de la AP-9, insistiendo en que fue ilegal y abriendo la puerta a que vuelva a ser pública.
- SecundariaLa Voz de GaliciaEl Ministerio de Transportes negó datos a la Xunta sobre el proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9, confirmando que el procedimiento de infracción seguía activo en febrero de 2026.
- SecundariaCadena SERBruselas abrió un segundo expediente a España por la prórroga de la concesión de la AP-9, al considerar que el Gobierno incumplió las normas europeas de contratación pública al no sacar la concesión a licitación.